Más de 60 expertos detectan debilidades jurídicas en el borrador del decreto del gallego en la enseñanza no universitaria

Para estos profesionales, la propuesta de la Xunta «muestra un preocupante desconocimiento del marco constitucional y estatutario que rige el uso de las lenguas oficiales». El análisis jurídico del texto ha sido presentado por el juez Luís Villares, la profesora de la USC Alba Nogueira y el abogado Héctor López, quienes han coincidido en subrayar que el informe es «estrictamente técnico» y carece de crítica «hacia sus promotores», sino, estrictamente, al contenido de las bases del decreto.

Según explicaron los responsables del informe, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia lingüística en la enseñanza señala que es necesario establecer mecanismos de discriminación positiva hacia la lengua propia de la Comunidad para corregir la situación de desigualdad de la que parten ambos idiomas antes de la entrada de gallego, euskera y catalán en el sistema educativo.

Esta doctrina se conoce como 'derecho desigual igualitario', como en el caso de la discriminación positiva hacia las mujeres, y señala que «puede ser necesario el desequilibrio para alcanzar un objetivo final de igualdad».

En este sentido, las bases del decreto entrarían en conflicto con esta jurisprudencia, al establecer un número de horas de docencia equitativo entre gallego y español, ya que, para garantizar la competencia del alumno en ambas lenguas, se necesitaría un mayor número de horas lectivas en la lengua minoritaria, ya que «en una situación de desigualdad, se necesitan ventajas para la parte históricamente discriminada». «No se va a la escuela a escoger, sino que es la escuela la que prepara para que el alumno escoja una vez salga de ella», afirmó Villares, por lo que los alumnos «no pueden escoger la lengua en la que se escolarizan».

El análisis concluye también que las bases del decreto entran en conflicto con la Ley Orgánica de Educación (LOE) en su enfoque de la enseñanza en lengua inglesa, ya que «el tratamiento de las lenguas oficiales y de las lenguas extranjeras no puede ser equiparado de forma generalizada y obligatoria en el ámbito educativo». En este sentido, habría objeciones legales en «dar química en inglés», según explicó Alba Nogueira, ya que la LOE no puede evaluar criterios lingüísticos en materias del currículo en las que las competencias lingüísticas no son relevantes.

Las bases del decreto entrarían también en conflicto con la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, una norma a la que el Estado se adhirió voluntariamente, a través de las Cortes Generales, en 2001, y que, entre otras medidas de protección, exige la presencia de la lengua minoritaria en todas las etapas del sistema educativo. En la propuesta de la Xunta, podría darse el caso de un aula de educación infantil, de 3 a 6 años de edad, en la que no se empleara en absoluto la lengua gallega, por lo que entraría en conflicto con esta norma europea, cuya modificación trasciende las competencias de la Xunta de Galicia.

Por otra parte, los juristas señalan en el documento que el ordenamiento jurídico gallego señala que la lengua por defecto de la Administración es la gallega, por lo que un funcionario público, como un profesor de secundaria, no tendría libertad para escoger la lengua en que realiza su tarea, sino que tendría que acatar la que le corresponde por Ley.

Por último, el grupo de juristas señala que «los derechos fundamentales», como es la educación, «no se pueden someter a votación», por lo que de este derecho no deriva «la existencia de un derecho a la elección lingüística», como tampoco es competencia de los padres escoger si el alumno estudia matemáticas o física.

Entre los firmantes del análisis figuran catedráticos universitarios, fiscales, abogados, entre ellos decanos de los colegios de abogacía gallegos y secretarios judiciales de Galicia, y los promotores señalaron que han evitado involucrar a personas con cargos políticos y profesionales de lo contencioso o de lo social; en previsión de que puedan verse en un futuro implicados en un proceso jurídico contra el futuro decreto del plurinlingüismo.